Derecho penal y proceso penal.

Es la voluntad de cometer el hecho delictivo conociendo sus elementos. Se distingue de la imprudencia (negligência), en la que el autor no quiere el resultado pero infringe un deber de cuidado. La mayoría de los delitos solo son punibles cuando hay dolo (art.º 13.º do Código Penal).

Es la infracción del deber de cuidado que conduce a un resultado prohibido, sin intención de causarlo. Solo se castiga cuando la ley lo prevé expresamente, como en las lesiones por imprudencia o en el homicidio por imprudencia.

Es el hecho realizado como medio necesario para repeler una agresión actual e ilícita contra intereses jurídicamente protegidos, propios o de un tercero, como la vida, la integridad física o el patrimonio (art.º 32.º do Código Penal). Cuando concurre, excluye la ilicitud del hecho y el autor no es castigado.

Es la realización de un hecho para conjurar un peligro actual que amenaza intereses jurídicamente protegidos. Puede excluir la ilicitud o solo la culpa, según los valores en conflicto (art.º 34.º e 35.º do Código Penal).

Es la extinción del procedimiento penal por el transcurso del tiempo. Los plazos varían según la gravedad del delito, por regla general entre 2 y 15 años a contar desde la consumación (art.º 118.º do Código Penal). El plazo puede, no obstante, suspenderse o interrumpirse por efecto de ciertos actos del proceso (art.º 120.º e 121.º). Hay también reglas especiales. En los delitos contra la libertad y la autodeterminación sexual de menores, por ejemplo, el procedimiento no se extingue antes de que la víctima cumpla los 25 años (art.º 118.º, n.º 5). Por ello, no dé un delito por prescrito sin echar cuentas con un abogado.

Hay tentativa cuando el autor realiza actos de ejecución de un delito que decide cometer, sin que este llegue a consumarse (art.º 22.º do Código Penal). Salvo disposición en contrario, la tentativa solo es punible si al delito consumado le corresponde una pena superior a 3 años de prisión (art.º 23.º, n.º 1), y se castiga con la pena del delito consumado, especialmente atenuada (n.º 2).

Es la intervención de varias personas en el mismo delito. La ley distingue al autor, quien ejecuta el hecho, del cómplice, que solo presta ayuda. El grado de participación se refleja en la medida de la pena (art.º 26.º e 27.º do Código Penal).

Es la realización repetida del mismo tipo de delito, en el marco de una misma situación externa que disminuya considerablemente la culpa del autor, tratada como un solo delito a efectos punitivos (art.º 30.º, n.º 2, do Código Penal), aplicándose la pena correspondiente a la conducta más grave. Este régimen no comprende, no obstante, los delitos cometidos contra bienes eminentemente personales, como la vida o la integridad física (art.º 30.º, n.º 3).

Es la incapacidad de valorar la ilicitud del hecho o de determinarse de acuerdo con esa valoración, por ser menor de 16 años o por una anomalía psíquica (art.º 19.º e 20.º do Código Penal). El inimputable no es castigado con una pena. Al inimputable por anomalía psíquica se le puede aplicar una medida de seguridad y los menores de entre 12 y 16 años responden en el marco de la ley de tutela educativa (Lei Tutelar Educativa). Por debajo de los 12 años la respuesta es de promoción y protección.

Es el principio según el cual nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho (art.º 29.º, n.º 5, da Constituição). Garantiza que, una vez decidido definitivamente un proceso, no se reabre la misma cuestión.

La infracción administrativa (contraordenação) es un ilícito administrativo, castigado con una multa administrativa que no queda inscrita en el registro de antecedentes penales. El delito se castiga con una pena penal, por regla general prisión o multa, impuesta por un tribunal e inscrita en el registro de antecedentes penales. Aun así, los certificados solicitados con fines laborales solo contienen decisiones que prohíban o veten el ejercicio de la profesión o actividad, no las condenas en general (art.º 10.º, n.º 5, da Lei n.º 37/2015). Todo consta, eso sí, en los certificados exigidos para profesiones en las que la ley imponga la ausencia de antecedentes (n.º 6). Según la gravedad, la misma conducta puede tratarse como una o como el otro.

Es la base de datos que registra las condenas de cada persona. El certificado de antecedentes penales se exige en muchos contextos. Las condenas se cancelan una vez transcurridos los plazos de la Lei n.º 37/2015, según la pena aplicada, como se explica en '¿Cuánto tiempo permanece una condena en el registro de antecedentes penales y cómo solicito su cancelación?'.

La cancelación es, por regla general, automática por el transcurso del plazo, sin necesidad de solicitud (art.º 11.º da Lei n.º 37/2015). El plazo se cuenta desde la extinción de la pena: 5 años en las penas de prisión inferiores a 5 años, 7 años en las penas de 5 a 8 años y 10 años en las superiores a 8, siempre que no haya una nueva condena en ese periodo.

Es el momento en que la resolución deja de admitir recurso ordinario y adquiere firmeza. Solo a partir de la firmeza la condena produce plenos efectos, en particular el cumplimiento de la pena.

Significa que pasa a ser la persona contra la que se dirige el proceso, con un estatuto propio. No es una condena. Es, en buena parte, una protección, pues pasa a conocer los hechos y a poder defenderse.

Es el Ministerio Fiscal, durante la fase de investigación (inquérito), asistido por los órganos de policía criminal. Los actos que restringen derechos fundamentales dependen del juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal).

La fase de investigación (inquérito, a cargo del Ministerio Fiscal), la instrução (fase judicial facultativa ante el juez de instrucción, que solo se abre si la solicitan la persona investigada o el assistente para que un juez controle la acusación o el archivo antes del juicio) y el juicio (ante el tribunal sentenciador). Pese al parecido de los nombres, la instrução no es la fase intermedia española. En Portugal la investigación corresponde siempre al Ministerio Fiscal y esta fase no siempre tiene lugar.

En el tribunal de la comarca en cuya área se consumó el delito (art.º 19.º, n.º 1, do Código de Processo Penal). Su composición varía según la gravedad. Los delitos con pena de hasta 5 años son juzgados por un juez único (art.º 16.º). Por encima de esa pena interviene el tribunal colegiado (art.º 14.º), aunque el Ministerio Fiscal puede proponer el enjuiciamiento por juez único cuando considere que la pena concreta no debe superar los 5 años (art.º 16.º, n.º 3). El tribunal del jurado juzga algunos delitos especialmente graves y solo interviene si así se solicita (art.º 13.º).

Sí. La persona investigada (arguido) puede no responder a las preguntas sobre los hechos que se le imputan, sin que el silencio le perjudique. Debe, no obstante, identificarse cuando se le solicite.

Es el principio según el cual nadie es considerado culpable antes de que la sentencia sea firme. Corresponde a la acusación probar la culpabilidad. En caso de duda, se resuelve a favor de la persona investigada.

En las primeras horas, lo esencial es no prestar declaración sobre los hechos sin estar acompañado de un abogado. La condición de persona investigada le da derecho a no responder a las preguntas sobre los hechos que se le imputan, ya que nadie está obligado a autoincriminarse (art.º 61.º do Código de Processo Penal).

Sí, la comparecencia es obligatoria. Empiece por leer la notificación, ya que indica la calidad en la que se le cita (testigo, sospechoso o persona investigada), lo que cambia sus derechos. Si no comparece de forma injustificada, el juez condena al ausente a una cantidad de entre 2 UC y 10 UC y puede ordenar su detención por el tiempo indispensable para la diligencia (art.º 116.º do Código de Processo Penal). Si la ausencia está justificada, en los términos del art.º 117.º, no hay consecuencia alguna.

Es una fase facultativa para revisar la decisión del Ministerio Fiscal. La persona investigada la utiliza para impugnar la acusación. El assistente, para reaccionar ante el archivo de la causa. Termina con una resolución que ordena o no la apertura del juicio.

Sí. En este punto el proceso penal es diferente del civil. Superados los plazos legales de cada fase (la fase de investigación (inquérito), la instrução o el juicio), la persona investigada, el assistente, las partes civiles o el Ministerio Fiscal pueden solicitar la aceleración procesal (art.º 108.º do Código de Processo Penal). En la fase de investigación, esos plazos son, por regla general, de seis meses cuando hay una persona investigada en prisión y de ocho meses en los demás casos (art.º 276.º do Código de Processo Penal), como se explica en '¿Cuánto puede durar la fase de investigación?'. Es una de las pocas vías en las que la ley permite realmente reclamar por la lentitud.

Se presenta una solicitud motivada, resuelta por el Fiscal General de la República (Procurador-Geral da República) mientras se tramita la fase de investigación (inquérito), o por el Consejo Superior de la Magistratura (Conselho Superior da Magistratura) cuando la causa ya se encuentra ante el tribunal (art.º 109.º do Código de Processo Penal). Quien resuelve puede ordenar medidas para que la causa avance y pedir explicaciones sobre el retraso. No fija una fecha para la decisión, pero obliga a justificar la demora y a corregirla.

Estar como investigado durante años, sin acusación ni archivo, no es lo que la ley busca. La fase de investigación tiene plazos de referencia, por regla general seis meses cuando hay un investigado en prisión y ocho meses en los demás casos (art.º 276.º do Código de Processo Penal), como se detalla en “¿Cuánto tiempo puede durar una fase de investigación?”. Superados esos plazos, el retraso se comunica a los superiores y queda abierta una vía para reaccionar ante la lentitud. La principal es la solicitud de aceleración del proceso, explicada en 'El proceso penal se está alargando. ¿Puedo hacer algo para acelerarlo?' y en '¿Cómo funciona la solicitud de aceleración del proceso?'. Ante una fase de investigación parada desde hace mucho tiempo, conviene hablar con un abogado para valorar el paso adecuado al caso.

Sí. El derecho a una decisión en un plazo razonable está en la Constituição (art.º 20.º, n.º 4) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un retraso anormal e imputable al funcionamiento de la justicia puede dar derecho a una indemnización del Estado (Lei n.º 67/2007), sea cual sea el resultado del proceso. Esta reclamación prescribe a los tres años.

Todos. El Ministerio Fiscal (Ministério Público) la acuerda, de oficio o a instancia del investigado o del assistente (el ofendido que se constituye como parte y colabora con el Ministerio Fiscal). Depende de la conformidad del juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal), del investigado y del assistente (art.º 281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal). Exige además que la culpa no sea elevada y que se prevea que las condiciones impuestas basten para las exigencias de prevención (letras e) y f)). El delito tiene que ser punible con pena de prisión no superior a cinco años o con una sanción distinta de la prisión. La figura en sí está explicada en '¿Qué ocurre después de la fase de investigación? ¿Cuál es la diferencia entre el archivo, la acusación y la suspensión provisional del proceso?'.

La ley no fija un número. Lo que exige es que no haya habido una condena anterior ni una suspensión provisional anterior por un delito de la misma naturaleza (art.º 281.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Código de Processo Penal). Una suspensión anterior por un delito de naturaleza distinta no impide, por regla general, una nueva.

El proceso continúa y las prestaciones ya abonadas no se devuelven (art.º 282.º, n.º 4, do Código de Processo Penal). Lo mismo ocurre si, durante el plazo de la suspensión, comete un delito de la misma naturaleza por el que llegue a ser condenado (art.º 282.º, n.º 4, alínea b)). La suspensión puede llegar hasta dos años, o hasta cinco en la violencia doméstica y en los delitos contra la libertad sexual de menores (art.º 282.º, n.os 1 e 5). Durante ese tiempo la prescripción no corre (n.º 2).

Tiene derecho a ser informado de los motivos de la detención, a guardar silencio, a designar abogado, a contactar con un familiar o persona de confianza y a ser puesto a disposición de una autoridad judicial en el plazo máximo de 48 horas (art.º 61.º do Código de Processo Penal y art.º 28.º da Constituição).

La detención tiene límites estrictos. El detenido debe ser puesto a disposición de una autoridad judicial para un primer interrogatorio en un plazo máximo de 48 horas, que decidirá sobre su situación.

Puede, en situaciones previstas en la ley, como indicios de que la persona oculta un arma u objeto relacionado con un delito. El registro respeta la dignidad de la persona. Los registros domiciliarios tienen reglas más exigentes.

Por regla general sí, el registro domiciliario depende de la autorización del juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal) (art.º 177.º do Código de Processo Penal). Hay excepciones, como el consentimiento del afectado documentado por cualquier medio o el delito flagrante por un delito castigado con pena de prisión, con formalidades propias y reglas más estrictas entre las 21 y las 7 horas, momento en el que la flagrancia exige un delito castigado con pena de prisión superior a 3 años (n.º 2 do mesmo artigo).

Sí, dentro de ciertos límites. El automóvil es un lugar no libremente accesible al público, por lo que el registro, por regla general, lo autoriza u ordena la autoridad judicial mediante resolución (art.º 174.º, n.os 2 e 3, do Código de Processo Penal). La policía puede actuar sin esa autorización con el consentimiento documentado de la persona afectada, en caso de delito flagrante castigado con pena de prisión y también en el terrorismo y en la criminalidad violenta o altamente organizada, cuando existan indicios de la comisión inminente de un delito que ponga en grave riesgo la vida o la integridad de alguien (n.º 5). También puede registrar el coche, en caso de fuga inminente o de detención, cuando haya motivos fundados para creer que oculta objetos vinculados al delito que de otro modo se perderían (art.º 251.º). Negar el consentimiento no es delito, pero obliga a la policía a contar con otro fundamento legal. En cambio, oponerse con violencia o amenaza grave a un registro legítimo constituye el delito de resistencia y coacción sobre funcionario (art.º 347.º do Código Penal).

No. La interceptación de las comunicaciones solo se admite en ciertos delitos más graves, mediante autorización del juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal) y bajo un control estricto (art.º 187.º do Código de Processo Penal). Fuera de ese marco, la prueba es nula.

Son los datos sobre las comunicaciones, no su contenido: quién contactó con quién, cuándo, desde dónde y con qué dispositivo (datos de tráfico y de localización). Pueden usarse como prueba, pero con un filtro estricto. Su transmisión a las autoridades la autoriza el juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal), a petición del Ministerio Fiscal (Ministério Público), solo para los delitos graves que la ley cataloga (Lei n.º 32/2008, na redação da Lei n.º 18/2024). La persona afectada es notificada del acceso en el plazo de 10 días, pudiendo el juez de instrucción aplazar la notificación mientras esta ponga en riesgo la investigación.

Hoy solo dentro de límites estrictos. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la conservación generalizada de estos datos durante un año (Acórdão n.º 268/2022) y la ley se rehízo. Las operadoras guardan durante un año únicamente los datos de identificación del abonado y la dirección IP de origen de la conexión (Lei n.º 32/2008, na redação da Lei n.º 18/2024). Los datos de tráfico y de localización ya no se conservan de forma generalizada. Su conservación depende de una autorización judicial urgente, decidida en 72 horas, y cesa en cuanto deja de ser necesaria.

Sí. La persona investigada (arguido) que no domine la lengua portuguesa tiene derecho a intérprete, de forma gratuita, en todos los actos del proceso en los que participe (art.º 92.º do Código de Processo Penal). Es una garantía del derecho de defensa.

Por regla general sí, pero durante la fase de investigación (inquérito) el expediente puede estar sujeto al secreto de la investigación (segredo de justiça), con acceso limitado. Una vez constituido investigado (arguido) o assistente (la víctima que se persona en la causa para colaborar con el Ministerio Fiscal), el abogado puede solicitar la consulta en los términos de la ley (art.º 89.º do Código de Processo Penal). Los límites del secreto de la investigación y quién puede consultar el expediente una vez transcurridos los plazos de la investigación se tratan en «¿Qué es el secreto de la investigación?».

Es el régimen que, durante la fase de investigación (inquérito), puede limitar el acceso a las actuaciones y prohibir la divulgación de actos procesales, para proteger la investigación y a quienes intervienen en ella (art.º 86.º e 88.º do Código de Processo Penal). Transcurridos los plazos de la investigación, el investigado (arguido), el assistente y la víctima (ofendido) pueden consultar el expediente, salvo que el juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal), a instancia del Ministerio Fiscal (Ministério Público), aplace el acceso al amparo del art.º 89.º, n.º 6, por un período máximo de tres meses, prorrogable una sola vez en la criminalidad más grave.

Sí. Se puede citar a una persona para prestar declaración como testigo o para ser oída ya como investigada (arguido). Si se la constituye como investigada, pasa a tener los derechos de ese estatuto, ante todo el derecho a guardar silencio y a un abogado defensor.

Sí. Cuando son relevantes para la prueba o están sujetos a decomiso a favor del Estado, la incautación se realiza mediante resolución motivada (art.º 178.º do Código de Processo Penal). Si la realiza la policía, después tiene que ser validada por la autoridad judicial en un plazo máximo de 72 horas (art.º 178.º, n.º 6). La incautación puede impugnarse y los bienes, en ciertos casos, ser restituidos. En cambio, la incautación de mensajes en el teléfono móvil está reservada al juez y se trata en «La policía me ha incautado el teléfono móvil y quiere acceder a los mensajes. ¿Qué puede hacer?».

La incautación de mensajes en el teléfono móvil, como el correo electrónico, los SMS o las conversaciones de aplicaciones, está reservada al juez. En la fase de investigación (inquérito), corresponde al juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal) ordenar o autorizar la incautación, estén los mensajes leídos o sin leer, aplicándose el régimen de la correspondencia (art.º 17.º da Lei do Cibercrime, Lei n.º 109/2009). Es jurisprudencia fijada por el Supremo Tribunal de Justicia (Supremo Tribunal de Justiça) (Acórdão n.º 10/2023). El Ministerio Fiscal (Ministério Público) no puede autorizarla, como decidió el Tribunal Constitucional (Acórdão n.º 687/2021). Si la policía encuentra mensajes en un registro legítimo, su incautación e incorporación al expediente dependen siempre de esa resolución del juez de instrucción.

La ley fija plazos de referencia para el cierre de la fase de investigación (inquérito), por regla general seis meses cuando hay un investigado en prisión y ocho meses en los demás casos, plazos que se amplían en los procesos más complejos (art.º 276.º do Código de Processo Penal). Su incumplimiento no invalida por sí solo los actos realizados.

Sí. El testigo debidamente citado tiene el deber de comparecer y de responder con verdad (art.º 132.º do Código de Processo Penal). Puede, no obstante, negarse a declarar en ciertos casos, como el vínculo familiar con el investigado (arguido) (art.º 134.º). También puede excusarse de declarar invocando el secreto profesional (art.º 135.º). Incluso en esos casos tiene que comparecer, porque la negativa se ejerce ante quien recibe la declaración, que debe advertirle de esa facultad so pena de nulidad (art.º 134.º, n.º 2).

Los abogados de NAA acompañan al investigado (arguido) o a la víctima desde la fase de investigación. Están presentes en los interrogatorios, analizan las actuaciones y definen con usted la estrategia de defensa o de acusación.

Son restricciones impuestas al investigado durante el proceso para prevenir la fuga, la continuación de la actividad delictiva o el entorpecimiento de la investigación. No son penas.

El compromiso de identidad y residencia (termo de identidade e residência) es la medida cautelar más leve y es obligatoria, porque la ley la impone a toda persona que sea constituida como investigado (art.º 196.º, n.º 1, do Código de Processo Penal). Le obliga a indicar un domicilio para recibir notificaciones, a comparecer cuando sea llamado y a no cambiar de residencia ni ausentarse de ella por más de cinco días sin comunicarlo (n.º 3). Si hay condena, solo se extingue con la extinción de la pena (n.º 3, alínea e)).

Solo como último recurso, cuando las demás medidas resulten insuficientes, por regla general para delitos más graves. En la fase de investigación, la decide el juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal), a instancia del Ministerio Fiscal (Ministério Público) (art.º 194.º, n.º 1, do Código de Processo Penal). Está sujeta a los plazos máximos del art.º 215.º do Código de Processo Penal.

Tiene plazos máximos (art.º 215.º do Código de Processo Penal): por regla general, 4 meses sin acusación, 8 meses sin decisión de la instrução, 1 año y 2 meses sin condena en primera instancia y 1 año y 6 meses sin condena firme. Se amplían en los casos más graves.

Puede. Si cambian las circunstancias, puede solicitarse su revocación o su sustitución por otra menos grave (art.º 212.º do Código de Processo Penal). En las dos más gravosas, la prisión provisional y el arresto domiciliario (obrigação de permanência na habitação), el juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal) reexamina de oficio los presupuestos en un plazo máximo de tres meses, contados desde la aplicación o desde el último reexamen (art.º 213.º, n.º 1). En las demás no existe este reexamen periódico, pero la revocación y la sustitución tienen lugar igualmente de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal (Ministério Público) o del investigado (art.º 212.º, n.º 4). El juez de instrucción debe incluso revocar la medida en cuanto dejen de subsistir las circunstancias que la justificaron (art.º 212.º, n.º 1). Por nuestra experiencia, es la solicitud motivada la que en la práctica lleva al tribunal a reconsiderar.

No. La ley prefiere alternativas a la reclusión: la multa, la suspensión de la ejecución de la pena, los trabajos en beneficio de la comunidad. La prisión efectiva queda para cuando ninguna de ellas es suficiente.

Cuando la pena de prisión no excede de 5 años, el tribunal puede no ejecutarla, sometiéndola a un período de suspensión, a veces con deberes, reglas de conducta o régimen de prueba (art.º 50.º do Código Penal).

Se fija en días y cada día tiene un importe que atiende a la situación económica del condenado. Si la situación económica lo justifica, el tribunal puede autorizar el pago en un plazo de hasta un año o en cuotas, la última hasta dos años después de que la sentencia sea firme (art.º 47.º, n.º 3). A instancia del condenado, el tribunal puede sustituirla, en todo o en parte, por días de trabajo (art.º 48.º do Código Penal). Si no se paga ni se sustituye por trabajo, se cumple prisión subsidiaria (art.º 49.º, n.º 1). Si el condenado prueba que la falta de pago no le es imputable, la ejecución de esa prisión puede suspenderse, sujeta a deberes de contenido no económico (art.º 49.º, n.º 3).

Es la sustitución de la prisión de hasta dos años por trabajo gratuito de interés comunitario (art.º 58.º do Código Penal), cuando el tribunal entienda que así se cumplen las finalidades de la pena. Cada día de prisión fijado en la sentencia se sustituye por una hora de trabajo, hasta un máximo de 480 horas (n.º 3). Solo puede aplicarse con la aceptación del condenado (n.º 5).

En función de la culpa y de las necesidades de prevención, ponderando todas las circunstancias a favor y en contra del investigado (arguido) (art.º 71.º do Código Penal). Por eso la defensa también se ejerce en la fase de determinación de la pena.

Siendo la primera vez, la suspensión es posible en una pena de prisión de hasta 5 años, si la censura del hecho basta para las finalidades de la pena (art.º 50.º, n.º 1, do Código Penal), como se explica en '¿Qué es la suspensión de la ejecución de la pena?'. La ausencia de antecedentes pesa en esa valoración, pero no la hace automática. La detención es distinta. El detenido es puesto a disposición de una autoridad judicial en un plazo máximo de 48 horas (art.º 28.º da Constituição), como se explica en 'He sido detenido. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer detenido?'.

La pena solo se cumple después de que la condena sea firme. La libertad condicional depende siempre del consentimiento del condenado y tiene tres momentos (art.º 61.º do Código Penal). A la mitad de la pena, con un mínimo de seis meses, exige la expectativa de que el condenado hará su vida sin cometer delitos y, además, que la puesta en libertad sea compatible con la defensa del orden jurídico y de la paz social (n.º 2). A los dos tercios, también con el mínimo de seis meses, basta aquella expectativa (n.º 3). En las penas superiores a seis años, cumplidos cinco sextos, el condenado es puesto en libertad condicional (n.º 4).

En el hurto hay una sustracción de cosa ajena sin violencia (art.º 203.º do Código Penal). En el robo la sustracción se hace con violencia, amenaza o colocando a la víctima en la imposibilidad de resistir (art.º 210.º), por lo que se castiga con mayor severidad.

Consiste en provocar en alguien, mediante un engaño astuto, un error que lo lleva a realizar actos que le causan un perjuicio patrimonial, con la intención de obtener un enriquecimiento ilegítimo (art.º 217.º do Código Penal). La estafa cualificada (burla qualificada), de valor elevado o cometida por medios agravados, tiene su propio marco penal en el art.º 218.º.

Es menoscabar la integridad corporal o la salud de otra persona (art.º 143.º do Código Penal). Es un delito semipúblico, que depende de denuncia. Cuando la ofensa reviste especial gravedad, por ejemplo al provocar un peligro para la vida, puede aplicarse la forma grave, de naturaleza pública (art.º 144.º).

Consiste en infligir, de forma reiterada o no, malos tratos físicos o psíquicos al cónyuge o excónyuge, a la persona con quien exista o haya existido una relación de noviazgo o una relación análoga a la de los cónyuges, aunque sin convivencia, entre otras víctimas previstas en la ley (art.º 152.º do Código Penal). Un solo episodio puede ser suficiente (Sentencia del Tribunal de Apelación de Guimarães sobre violencia doméstica en una relación de noviazgo ↗). Es un delito público y puede dar lugar a penas accesorias de protección de la víctima. La protección inmediata de la víctima y la posibilidad de retirar la denuncia se tratan en «Sufrí violencia doméstica. ¿Qué protección inmediata puedo pedir y puedo retirar la denuncia después?».

La víctima puede solicitar el estatuto de víctima y medidas urgentes de protección como la teleasistencia, el alejamiento del agresor del domicilio, la prohibición de contacto y la vigilancia electrónica. Al ser un delito público (art.º 152.º do Código Penal), el Ministerio Fiscal prosigue con independencia de la denuncia, por lo que el desistimiento no determina el archivo de la causa. Aun así, la ley prevé una vía propia. En los casos no agravados por el resultado, la víctima puede solicitar, de forma libre e informada, la suspensión provisional del proceso, que el Ministerio Fiscal acuerda con la conformidad del juez de instrucción (Juiz de Instrução Criminal) y de la persona investigada (arguido) (art.º 281.º, n.º 8). No es un desistimiento, porque depende también de esas conformidades y somete a la persona investigada a determinadas reglas de conducta.

Consiste en imputar a otra persona, dirigiéndose a terceros, un hecho o un juicio ofensivo para su honor (art.º 180.º do Código Penal). Se distingue de la injuria del art.º 181.º, que es la ofensa dirigida directamente a la persona afectada.

Puede ser delito igualmente, porque la ley equipara a las verbales las ofensas escritas o por imagen (art.º 182.º do Código Penal). Presente la denuncia en el plazo de 6 meses desde que tuvo conocimiento del hecho y de su autor (art.º 115.º, n.º 1). La injuria es un delito particular, por lo que la denuncia no basta. Tendrá que constituirse como assistente y formular la acusación particular, siempre con abogado (art.º 50.º, n.º 1 e art.º 70.º, n.º 1, do Código de Processo Penal).

Puede. Si la ofensa se comete por medios o en circunstancias que faciliten su difusión, como en una publicación abierta al público, las penas de la difamación y de la injuria se elevan en un tercio en sus límites mínimo y máximo (art.º 183.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal). Lo que pesa es el alcance concreto de la publicación. Si la publicación se considera un medio de comunicación, la pena aplicable es de prisión de hasta 2 años o multa no inferior a 120 días (n.º 2), una calificación que los tribunales vienen decidiendo caso por caso en las redes sociales. Por exigencia del art.º 188.º, n.º 1, el procedimiento depende de la acusación particular.

Guarde de inmediato capturas de pantalla con la dirección de la página y la fecha. La ley las admite como prueba documental (art.º 164.º do Código de Processo Penal), siempre que no hayan sido obtenidas de forma ilícita (art.º 167.º). El tribunal valora libremente su fuerza probatoria (art.º 127.º). Como la publicación puede ser borrada, la autoridad judicial puede ordenar al proveedor que conserve los datos por un plazo de hasta tres meses (art.º 12.º da Lei n.º 109/2009), por lo que conviene no esperar.

No es la víctima quien pide los datos a la red social. En la fase de investigación (inquérito), el Ministerio Fiscal (Ministério Público) puede ordenar al proveedor la entrega de los datos de quien creó el perfil (art.º 14.º da Lei n.º 109/2009). Hay dos límites prácticos. En un perfil falso, esos datos tienden a ser inventados. Y los registros de conexión, que permitirían localizar al autor, quedan fuera de esa orden. La interceptación de comunicaciones, por su parte, solo se admite en los delitos del art.º 187.º do Código de Processo Penal, entre los que no figura la difamación. Por eso la identificación no siempre se consigue. El régimen de acceso a esos registros se trata en «¿Qué son los metadatos y pueden usarse contra mí en un proceso penal?».

Conducir un vehículo de motor en la vía pública sin habilitación legal es el delito de conducción sin habilitación (art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 2/98). Es distinto de la infracción administrativa (contraordenação) de quien simplemente no lleva el carné consigo.

Es el incumplimiento de una orden o mandato legítimo regularmente comunicado por una autoridad competente, cuando la ley prevea esa sanción o la autoridad competente formule la correspondiente conminación (art.º 348.º do Código Penal). Surge, por ejemplo, cuando el conductor se niega a la prueba de alcoholemia en un control de la GNR o de la PSP, conminación prevista en el art.º 152.º, n.º 3, do Código da Estrada.

Sí. La persona condenada a la prohibición de conducir debe entregar el permiso en la secretaría del tribunal o en cualquier comisaría, en el plazo de 10 días a contar desde que la sentencia adquiere firmeza (art.º 69.º, n.º 3, do Código Penal y art.º 500.º, n.º 2, do Código de Processo Penal). Si no lo hace, comete un delito de desobediencia (art.º 348.º, n.º 1, alínea b), con la advertencia formulada en la propia sentencia, en los términos fijados por el Supremo Tribunal de Justicia (Acórdão n.º 2/2013).

No. Constituye delito a partir de 1,2 g/l (art.º 292.º do Código Penal). Por debajo de ese valor, a partir de 0,5 g/l, es una infracción administrativa. Para los conductores en periodo de prueba (regime probatório) y para ciertos conductores profesionales el límite baja a 0,2 g/l (art.º 81.º do Código da Estrada). Al delito se añade siempre la prohibición de conducir, de tres meses a tres años, aplicada por el tribunal e inscrita en el registro de antecedentes penales (art.º 69.º do Código Penal). A la infracción administrativa se añade la inhabilitación para conducir, aplicada por la ANSR, de uno a doce meses en las graves y de dos a veinticuatro meses en las muy graves, que no queda en el registro de antecedentes penales (art.º 147.º do Código da Estrada). Los nombres son diferentes porque una es una pena y la otra una sanción administrativa. Si de la conducción resulta un accidente con heridos, la indemnización de los perjudicados se explica en el área de accidentes de tráfico.

Negarse a las pruebas de detección de alcohol es un delito de desobediencia. El Código da Estrada impone el sometimiento a las pruebas y conmina la negativa como desobediencia (art.º 152.º, n.os 1 e 3), castigada en los términos del art.º 348.º do Código Penal. A la condena se añade la prohibición de conducir, de tres meses a tres años (art.º 69.º, n.º 1, alínea c), do Código Penal). La negativa es punible por sí sola, con independencia de la tasa que llegara a determinarse, por lo que negarse a soplar o a realizar el análisis tiende a agravar la situación en vez de protegerla. La cuestión de saber a partir de qué tasa la conducción deja de ser una infracción administrativa y pasa a ser delito se trata en «¿Conducir bajo los efectos del alcohol es siempre delito?».

Es cultivar, producir, vender, transportar o poseer sustancias estupefacientes fuera de los casos permitidos (art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 15/93). El tráfico de menor gravedad tiene un marco penal atenuado. El consumo se rige por un régimen propio de infracción administrativa.

Es tener, usar o transportar un arma o munición en infracción del régimen legal de armas (Lei n.º 5/2006). Las penas varían según el tipo de arma. La regularización o la entrega voluntaria pueden ser relevantes en la valoración del caso.

El acceso ilegítimo a un sistema informático es un delito previsto en la Ley del Cibercrimen (Lei do Cibercrime, Lei n.º 109/2009). Según la conducta, se aplican también los delitos de sabotaje informático o de violación de la intimidad.

Es fabricar, alterar o usar un documento falso con la intención de causar un perjuicio u obtener un beneficio ilegítimo (art.º 256.º do Código Penal). La falsificación de un documento auténtico, como el documento de identidad (cartão de cidadão), se castiga de forma agravada.

Sí, lo es. Quien, estando en condiciones de cumplir, no paga la pensión de alimentos en los dos meses siguientes al vencimiento comete un delito, castigado con multa (art.º 250.º, n.º 1, do Código Penal). Si el incumplimiento pone en peligro la satisfacción de las necesidades fundamentales de quien tiene derecho a los alimentos, la pena se agrava (n.º 3 del mismo artículo). El procedimiento depende de denuncia (n.º 5), por lo que no deje pasar el plazo de 6 meses.

Depende de la edad. Por debajo de los 12 años no hay responsabilidad penal ni tutelar. La respuesta es de promoción y protección, a través de la CPCJ o del tribunal (Lei n.º 147/99). Entre los 12 y los 16 años se aplica la Ley Tutelar Educativa (Lei Tutelar Educativa, Lei n.º 166/99), con medidas educativas en lugar de penas. A partir de los 16 años el joven ya es imputable y responde penalmente (art.º 19.º do Código Penal), aunque puede aplicarse el régimen especial para jóvenes de hasta 21 años.

La denuncia (denúncia) es la simple comunicación de un delito, que cualquier persona puede presentar. La denuncia del ofendido (queixa) es la manifestación de voluntad de la víctima de que se abra procedimiento, exigida en los delitos semipúblicos y particulares.

Por regla general, 6 meses a contar desde el conocimiento del hecho y de su autor (art.º 115.º do Código Penal). Transcurrido el plazo, el derecho a denunciar se extingue y no hay proceso. Algunos delitos tienen plazos especiales.

Sí. La denuncia (denúncia) no está sujeta a formalidades especiales y sus elementos se aportan en la medida de lo posible, por lo que no tiene que identificar a quien lo hizo (art.º 244.º e art.º 246.º do Código de Processo Penal). En los delitos que dependen de denuncia del ofendido (queixa), la ley exige que ponga el hecho en conocimiento de las autoridades, no a quien lo cometió. En cuanto al plazo, por regla general de 6 meses, solo empieza a correr a partir del conocimiento del hecho y de sus autores (art.º 115.º, n.º 1, do Código Penal), de modo que mientras el autor sea desconocido el plazo tiende a no iniciarse. Aun así, no conviene esperar, porque la prueba se pierde con el tiempo y el procedimiento penal está sujeto a plazos de prescripción contados desde la comisión del delito (art.º 118.º do Código Penal). Lo que no existe es la acusación (acusação) contra personas desconocidas. El Ministerio Fiscal (Ministério Público) solo acusa si ha reunido indicios suficientes de que se ha cometido un delito y de quién fue su autor (art.º 283.º, n.º 1). Si no se identifica al autor, la fase de investigación (inquérito) se archiva (art.º 277.º, n.º 2), pero puede reabrirse si surgen nuevos elementos de prueba (art.º 279.º).

En los públicos, el Ministerio Fiscal (Ministério Público) actúa por iniciativa propia. En los semipúblicos, hace falta la denuncia del ofendido (queixa). En los particulares, se exige la denuncia del ofendido, constituirse como assistente y la acusación particular.

Es pasar a ser colaborador del Ministerio Fiscal (Ministério Público) en el proceso (art.º 68.º e 69.º do Código de Processo Penal), con facultades para proponer prueba, solicitar la apertura de la instrução y, en ciertos casos, acusar y recurrir. Exige abogado y el pago de una tasa de justicia, que en Portugal pagan también los particulares, salvo los casos de exención previstos en la ley.

En los delitos semipúblicos y particulares puede desistir hasta la publicación de la sentencia de primera instancia, siempre que el investigado (arguido) no se oponga (art.º 116.º, n.º 2, do Código Penal). En los delitos públicos el desistimiento no detiene el proceso, porque el Ministerio Fiscal (Ministério Público) actúa por iniciativa propia, sin depender de la denuncia del ofendido (art.º 48.º do Código de Processo Penal).

Por el principio de adhesión, la solicitud de indemnización civil se plantea en el propio proceso penal (art.º 71.º do Código de Processo Penal). Ya en la fase de investigación (inquérito), las autoridades deben informar al perjudicado de esa posibilidad y de las formalidades que debe observar (art.º 75.º). La solicitud se hace mediante escrito articulado, en el plazo de 20 días contados desde la notificación de la acusación al perjudicado que haya manifestado ese propósito, o desde la notificación de la acusación al investigado (arguido), cuando el perjudicado no lo haya manifestado (art.º 77.º, n.os 2 e 3).

Por regla general, no. El tribunal fija la indemnización cuando la solicitud se haya planteado y los daños queden probados. La ley prevé, aun así, casos en que el tribunal puede fijar de oficio una reparación a la víctima (art.º 82.º-A do Código de Processo Penal). En la violencia doméstica, la ley ordena aplicar siempre ese mecanismo, salvo que la víctima se oponga expresamente (art.º 21.º, n.º 2, da Lei n.º 112/2009). Por eso vale la pena guardar desde el principio facturas, informes y otros comprobantes de los daños.

Por regla general, no, pues la solicitud se hace en el proceso penal. Solo en situaciones previstas en la ley (art.º 72.º do Código de Processo Penal) es posible o necesario acudir por separado al tribunal civil.

El Estatuto de la Víctima (Estatuto da Vítima) (Lei n.º 130/2015) reconoce derechos de información, protección y apoyo, reforzados para las víctimas especialmente vulnerables. Existe además apoyo especializado, en particular en contextos de violencia.

Ocurre cuando es necesario, por ejemplo, cuantificar lesiones o interpretar un informe pericial. En esos casos, cuando se justifica, se recurre a peritos externos y corresponde al abogado calificar jurídicamente lo que ellos determinan.

Terminada la fase de investigación (inquérito), el Ministerio Fiscal (Ministério Público) archiva la causa si no hay delito, autor conocido o indicios suficientes (art.º 277.º do Código de Processo Penal) o deduce acusación si los indicios bastan (art.º 283.º). En los delitos castigados con pena de hasta cinco años, puede antes suspender provisionalmente el proceso mediante la imposición de condiciones (art.º 281.º). Cumplidas estas, el Ministerio Fiscal archiva el proceso, que no puede reabrirse, sin condena y sin antecedentes penales (art.º 282.º, n.º 3).

Sí, en ciertos casos. La víctima puede solicitar a la Comisión de Protección a las Víctimas de Delitos (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) un adelanto de la indemnización por parte del Estado, cuando el daño no ha sido reparado por la vía normal y la lesión causó una incapacidad permanente, una incapacidad temporal absoluta para el trabajo de al menos 30 días o la muerte (art.º 2.º da Lei n.º 104/2009). El Estado queda después subrogado en los derechos de la víctima frente al responsable (art.º 15.º).

Por regla general sí, ante un tribunal superior (art.º 399.º e seguintes do Código de Processo Penal). El recurso puede versar sobre el derecho y sobre los hechos, estos últimos con la carga de especificarlos (art.º 412.º). Hay decisiones irrecurribles (art.º 400.º) y el plazo es de 30 días (art.º 411.º).

En ciertos momentos, sí. Por ejemplo, en el interrogatorio de la persona investigada detenida y en el juicio, la defensa es obligatoria. Incluso cuando no lo es, es muy desaconsejable avanzar sin abogado.

No existe una tarifa fija. Los honorarios varían según la complejidad del caso, la fase del proceso y la urgencia de la intervención. En NAA, el importe de la primera consulta es de 90 euros (IVA incluido), sin compromiso de seguir adelante. Los criterios que el Estatuto da Ordem dos Advogados indica para la fijación de los honorarios se explican en el artículo sobre cuánto cuesta un abogado en Portugal.

Puede solicitar la asistencia jurídica gratuita (apoio judiciário), que puede incluir el nombramiento de un defensor y la exención de tasas. La solicitud se presenta ante la Segurança Social, que pone a disposición un simulador de asistencia jurídica gratuita ↗. Si no dispone de medios, una de las modalidades es el pago de la compensación del defensor de oficio, sufragada por el Estado (art.º 16.º da Lei n.º 34/2004).

El «mejor abogado penalista» no existe como título. Lo que el Colegio de Abogados portugués (Ordem dos Advogados) reconoce es la especialidad en Derecho Penal, con requisitos exigentes de años de práctica acreditada. Al elegir, busque experiencia en el proceso penal, disponibilidad real para diligencias urgentes y franqueza en la valoración del caso. Ningún abogado puede garantizar resultados en el proceso penal, porque el desenlace depende siempre de la prueba y de la decisión del tribunal.